SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Aunque el Ministerio de Turismo emitió la Resolución 002/2017 en octubre, no fue sino hasta diciembre cuando los medios de comunicación empezaron a debatir sobre la repentina reforma de uso de suelo del territorio turístico de Punta Cana-Bávaro-Macao, la zona que recibe el 65 por ciento de los turistas que visitan el país.

La discreción que el ministerio que encabeza Francisco Javier García Fernández guarda en torno a la decisión tomada el 13 de octubre de 2017 levanta preocupación entre expertos en turismo sostenible.

El único comunicado en el que la dependencia oficial se refirió al tema, lo emitió bajo la firma del viceministro Radhamés Martínez Aponte y difundido tras severas denuncias de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).

Ante las quejas por una resolución violatoria, según denuncian, de las leyes de Medio Ambiente y Turismo, Martínez Aponte se limitó a anunciar que, ‘‘en su momento’’, el ministerio responderá a la Asonahores.

Sin embargo, para el ecologista Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y miembro de la Academia de Ciencias, esa declaración permite “sospechar” que existe “algo oscuro” en todo el proceso de cambio de uso de suelo. ‘‘Es evidente que no hubo transparencia, no hay un argumento que lo soporte y contradice el propio ordenamiento’’.

En su disposición, el ministerio que encabeza García Fernández –en consonancia con lo que dice la resolución–revisó la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Turismo, la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley 305-68, en particular el acápite que establece los 60 metros de franja marítima y la resolución anterior sobre Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial Turístico de Punta Cana, Bávaro-Macao que data del 2012.

Utiliza como argumento “la urgencia de actualizar” los parámetros edificatorios de la zona. Además, intenta excusarse en el continuo crecimiento urbano experimentado en la región tras la resolución anterior.

Mira como una oportunidad la reforma ante la amenaza del cambio climático y enuncia la importancia de preservar las áreas de manglares, lagunas y toda la franja costera. Para esto, se promete que el nuevo modelo fundamentado en torres de unos 22 pisos de altura, preservará esos ‘‘suelos de vocación turística’’, ocupará menos espacio y utilizará mecanismos limpios para el manejo del agua y la energía. Los manglares funcionarán como atractivo, según Turismo dependencia que rompe con el patrón que impedía una altura superior a cinco pisos.

Aunque otro de los planteamientos de innovación arquitectónica y ambiental se refiera a la prioridad del Estado Dominicano de promover el desarrollo sostenible del sector turístico, conservando y protegiendo el medio ambiente y los ecosistemas, para la ecologista Amparo Chantada, en el país no existe el ‘‘turismo sostenible’’, un tema ensalzado en los discursos políticos.

Recuerda la meta del presidente Danilo Medina, anunciada como símbolo de campaña desde el 2012, de lograr la visita de diez millones de turistas para el 2022.

Desde la mirada de Chantada, doctora en geografía urbana y planificación territorial, resulta ‘‘nefasta’’ la explotación turística que se propone este Gobierno. La sobredensificación, con torres de 22 de pisos, aportará muchos granos de arena a esta calamidad.

Es un enigma la manera como desde el Gobierno se ha manejado un tema tan serio que concierne a la población dominicana en general, no solo a los hoteleros e inversionistas. Bolívar Troncoso, experto en medio ambiente y turismo sostenible, aclara que esa resolución está en contra de un desarrollo turístico sostenible. La ve como una violación flagrante a la legislación de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y la Organización Mundial del Turismo.

‘‘Es un cambio del Plan de Ordenamiento Territorial Turístico de la región, sin cumplir las normas establecidas. Esto no puede hacerse de forma unilateral porque para eso está la Ley 176-07 que establece el derecho que tienen los gobiernos locales en el ordenamiento territorial municipal’’, aduce.

Luis Carvajal coincide con Troconso. Considera que no solo es irracional, también violatoria de un sistema de gestión público porque resulta imposible –a su juicio– que un tema de interés nacional no sea transparentado.

Carvajal va más allá. Desde su lectura hay muchos intereses involucrados, pero Turismo y el Ministerio de Medio Ambiente, que encabeza Francisco Domínguez Brito, deben ofrecer una explicación. Esa rendición de cuentas debe enunciar las implicaciones ambientales, si las razones provienen de un estudio o de presiones externas –que es lo que aparenta, dice.

Hasta el momento, se sabe que el Grupo Cap Cana construirá torres en la zona, gracias a la nueva autorización de Turismo. Esta empresa, que cuenta con ordenamiento territorial privilegiado está vinculada a la Organización Trump, del magnate y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

¿A dónde irán los vientos?

‘‘Es un muro y los muros desvían todo”. Troncoso explica que Torres de 22 pisos serán estorbos que desviarán la dirección de los vientos y, a su vez, las corrientes marinas. ‘‘Y (al final) no vamos a tener playas porque se va a llevar toda la arena’’, advierte.

‘‘Eso impactará más porque a mayor altura, la velocidad del viento es más fuerte, y por tanto, mayor desviación tanto de la dirección del viento como de la corriente marina’’, agrega.

En voz de Chantada, esos edificios operarán como barreras para las brisas. Si rompen la corriente de brisa, del mar hacia la tierra y viceversa, la zona va a tener dos subecosistemas cambiados. Esto creará la posibilidad de recibir altas temperaturas, más lluvias o más sequías. Habrá una interferencia entre lo construido y el movimiento de las brisas diurnas y nocturnas, explica.

Al ritmo que se trabaja, el impacto ocurrirá más rápido de lo esperado.

‘‘Nosotros los ambientalistas vamos a acusar toda la vida a Francisco Javier García de haber destruido el este del país. Ahora, a los inversionistas no les importa ese aspecto, lo que les interesa es la recuperación de su inversión en el tiempo más corto posible’’, Amparo Chantada.

Tanto Troncoso como Chantada señalan que edificaciones de la magnitud aprobada generarán impactos como la destrucción de la arena y los ecosistemas marinos en nuestro país.

Exponen que en el caso de la zona de Macao el mayor impacto ocurrirá entre diciembre y marzo, que son los frentes polares, que generan un oleaje anómalo, fruto de un viento atípico.

‘‘Lo que hicimos con las manos, lo vamos a destruir con los pies’’, subraya para la historia el experto en turismo sostenible.

El destino turístico de sol y playa número uno de los más de 30 destinos de las Antillas y del país, es el que posee mayor cantidad de habitaciones, el que recibe mayor cantidad de turistas y vuelos turísticos. Más de 3 millones al año.

‘‘Van a matar la gallina de los huevos de oro. Es la zona que mayor aporte le da al Estado y a la economía turística del país. La situación es terriblemente preocupante’’, alerta Troncoso.

Cuando Chantada se queja de que en el país no existe el turismo sostenible que tanto se pregona, se refiere a que el maltrato a los suelos, a los vientos, al mar, a la arena y a la playa es desmesurado en los proyectos arquitectónicos con fines turísticos que se desarrollan en el país.

Pero aclara que el trasfondo se encuentra en la competencia de capitales. Al final del día ‘‘si el terreno es costoso, yo debo rentabilizar mi inversión con una sobredensificación. En lugar de construir cuatro o cinco plantas, yo voy a recuperar mi inversión elevando los pisos. A eso accedió turismo’’, reclama la urbanista.

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